Ejército gastó $2.318 millones en 52 visores nocturnos que resultaron no ser de uso militar

Mediante el contrato 035-ACOFA-EJC-2017, el Ejército Nacional gastó $2.318 millones de pesos en la compra de 52 visores nocturnos que resultaron no ser de uso militar, similares a aquellos utilizados por las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos, pero resultaron ser visores sino para deportes extremos como alpinismo, montañismo y cacería.

El informe lo presentó una Auditoría Financiera de la Contraloría General de la República en donde determinó que los bienes recibidos por el Ejército Nacional, al no ser de uso militar y no cumplir con los estándares de calidad requeridos, no satisfacen ni van a satisfacer la necesidad para la cual fueron adquiridos, convirtiéndose en detrimento patrimonial por el hecho de que los visores nocturnos adquiridos no cumplen con los requerimientos técnicos establecidos en el contrato.

Los 52 visores nocturnos de referencia CK-1500 fueron comprados por medio de la Agencia de Compras de la Fuerza Aérea -ACOFA , a través del contrato 035-ACOFA-EJC-2017, suscrito el 28 de octubre de 2017, y cuyo precio fue establecido en US$729.960, o sea $2.318 millones para esa época.

El hallazgo detectado por la Contraloría tiene presunta incidencia fiscal y disciplinaria por una gestión ineficaz e ineficiente que no se compadece con los fines y cometidos del Estado, producto de deficiencias en las decisiones y los controles establecidos para la recepción de bienes y la supervisión del contrato.

Los bienes fueron recibidos por primera vez el 28 de diciembre de 2017 y al no superar las pruebas se determinó devolverlos al contratista para hacer efectiva la garantía técnica contemplada en el contrato. Luego de hacerse efectiva la garantía técnica, los 52 visores nocturnos fueron recibidos a satisfacción de manera definitiva el 4 de octubre de 2018, indicando en el acta respectiva que los visores se encuentran aptos para el servicio al cumplir con los requisitos técnicos.

El organismo de control determinó trasladar el hallazgo de carácter disciplinario a la Procuraduría General de la Nación, para lo de su competencia.

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